Aquí, las tres informaciones más relevantes de la sección Economía, de la agencia de información Noticias Argentinas:
El gobierno quita el negocio de Internet al Grupo Clarín
El Gobierno dictó la caducidad de la licencia de Fibertel/CableVisión para ofrecer servicio de Internet, al denunciar la "violación" de la legislación vigente por parte de esa compañía del Grupo Clarín, desde donde calificaron la decisión como una "persecución ilegal que perjudica a un millón de usuarios".
"Ya no existe más Fibertel", dijo el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al anunciar la resolución 100, por la cual se denuncia que esa empresa "incumplió la ley nacional" y "usurpó" la licencia que, según la Casa Rosada, "estaba siendo usada en forma ilegal".
De Vido dijo que la fusión de Fibertel y CableVisión concretada el año pasado "nunca fue aprobada por el Estado Nacional", durante una conferencia de prensa en el microcine del Palacio de Hacienda.
CableVisión, que seguirá brindando el servicio de TV por cable, calificó a la medida de "ilegal y arbitraria", señaló que "no tiene antecedentes" y adelantó que la "impugnará de inmediato".
"El Gobierno pretende dar de baja la licencia del servicio de Internet de Cablevisión a través de su marca Fibertel, y afectar no sólo a su más de un millón de clientes, sino a todos los argentinos que hoy pueden contar con una opción competitiva y de vanguardia tecnológica en banda ancha", sostuvo la empresa en un comunicado.
CableVisión denunció que la medida busca reducir drásticamente la competencia y "consagrar el monopolio de las telefónicas" en el negocio de internet.
"La inédita resolución revela una brutal actitud de hostigamiento contra una empresa que fue la primera en introducir Internet de alta velocidad en Argentina, hace ya 13 años, al inaugurar el servicio de cable módem, frente a las dos grandes telefónicas, herederas de la red pública", señaló la empresa del Grupo Clarín en un comunicado.
El gobierno vetará el 82 por ciento móvil si el senado lo convierte en ley
La presidenta Cristina Kirchner vetará el 82 por ciento móvil para las jubilaciones si el proyecto legislativo aprobado en la Cámara de Diputados es convertido en ley por el Senado, dado al costo fiscal de 40.800 millones de pesos que representaría la medida.
Pero, antes del posible veto, el oficialismo intentará que el proyecto naufrague en su paso por el Senado para evitar el costo político de esa decisión.
Con fuertes diferencias entre los bloques por el financiamiento y el rechazo oficialista, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto durante la madrugada de este jueves e inmediatamente lo giró al Senado para su tratamiento.
Ahora, serán los senadores los que deberán votar el proyecto y terminar de definir cuáles serán las fuentes de finaciamiento, aunque los elegidos serían el Fondo de Sustentabilidad de la ANSeS y no se descartan los aportes patronales.
Desde las primeras horas de la mañana el Gobierno ratificó su posición y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aclaró en caso de que se convierta en ley, la iniciativa será vetada, aunque consideró que la iniciativa "se podrá detener en el Senado sin ningún inconveniente".
"Si hay que llegar al veto, se vetará, en pos de proteger y cuidar los fondos de la Nación", sostuvo el funcionario y confió en que el Senado actuará con "más racionalidad y se podrá detener (el proyecto) sin ningún inconveniente", luego de la media sanción en Diputados.
Por su parte, el titular del Palacio de Hacienda, Amado Boudou, aseguró que el Gobierno necesita unos 40.800 millones de pesos por año para poder financiar el 82 por ciento móvil a las jubilaciones y añadió que ese dinero "no está".
Boudou fue a Diputados por la Ley de Quiebras
El ministro de Economía, Amado Boudou, aseguró que el proyecto de reforma de la Ley de Quiebras impulsado por el Poder Ejecutivo apunta a la "protección y el cuidado de los puestos de trabajo en la República Argentina".
Al defender la iniciativa en la Cámara baja, el funcionario dijo que las modificaciones previstas en el proyecto permitirán incorporar "valores esenciales" para el futuro de los trabajadores.
La iniciativa oficial pretende dificultar los procesos para que las empresas puedan presentar quiebras, con el objetivo de aumentar el saneamiento de los balances y mejorar así la defensa de los puestos de trabajo.
Entre otros puntos del proyecto se destacan "los conceptos de empresa en marcha y de carácter social", y la "posibilidad institucionalizada del ingreso de las cooperativas" conformadas por empleados para lograr la disolución de firmas.
"Este proyecto impulsado desde el Poder Ejecutivo tiene que ver básicamente con la protección y el cuidado de los puestos de trabajo en la República Argentina", aseguró Boudou al hablar frente a los diputados.