"Si se confirman estas medidas lamentablemente dejaremos de comer carne argentina", deslizó esta semana un embajador europeo, amenazando con aplicar la Ley del Talión en caso de que la Casa Rosada finalmente trabe la importación de alimentos.
La advertencia sobrevino a la reunión que mantuvieron embajadores de la Unión Europea con legisladores que integran la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados el
jueves pasado en el Salón Delia Parodi del Congreso.
Fue en respuesta al reclamo que hizo días antes el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, a empresarios supermercadistas para que frenen la compra de alimentos que tengan equivalentes fabricados en la Argentina.
Luego, a una cámara de importadores Moreno le explicó que busca reducir al menos 300 millones de dólares las compras de alimentos para sostener el superávit comercial y cubrirse ante la mayor competitividad del euro por los efectos de su devaluación.
Esa comunicación no fue oficializada y a esa ausencia de resorte institucional se aferraban los sectores del Gobierno más moderados para tratar de negarla o relativizarla.
"No hay, por el momento, ninguna norma de los organismos competentes que prohíba el ingreso de alimentos, son solamente rumores", se limitó a señalar en esa reunión con embajadores el único representante del Frente para la Victoria, el diputado sanjuanino Ruperto Godoy.
No obstante, se sabe que Moreno responde directamente a Olivos y que el reclamo a los supermercados fue tajante. De hecho, varios camiones procedentes de Brasil quedaron varados en la frontera.
Ahora, los afectados pueden tomar represalias y negarlas.
Ya lo hizo China con el aceite de soja argentino al que le encontró "excesiva cantidad de solvente" y anunció el cese de su importación, luego de haber reclamado insistentemente por carriles diplomáticos e informales a la Casa Rosada y la Cancillería el fin de las barreras comerciales a sus productos.
El caso de la República Popular es testigo: esa restricción en la venta de aceite de soja provocaría un agujero fiscal de 600 millones de dólares, pero además predispone mal al principal mercado del mundo para las materias primas argentinas.
Habría que sopesar pro y contras de la política comercial. En el primer trimestre del año las importaciones de alimentos alcanzaron los 174 millones de dólares, de los cuales 81 millones
provinieron de Brasil, y 21 millones de la Unión Europea.
Anualmente, la Argentina compra al mundo alimentos por mil millones de dólares y vende por 22.000 millones, tierra fértil para la aplicación de represalias bajo el mismo argumento
argentino de que son medidas contempladas en la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Pero más allá de ser correcta o incorrecta, la traba a los alimentos importados parece inoportuna: surgió en la antesala del viaje presidencial a la Cumbre de la Unión Europea y el Caribe que se desarrollará desde el lunes en Madrid.
Precisamente, en el marco de esa cumbre está previsto el relanzamiento del acuerdo de "libre comercio" entre la Unión Europea y el Mercosur, que en caso de concretarse será el convenio
de asociación más importante del mundo.
Lo paradójico es que la medida no solo atenta contra UE sino contra sus socios del Mercado Común del Sur. Brasil ya avisó a través de sus principales voces ejecutivas que prepara
represalias contra productos argentinos, mientras que Uruguay y Paraguay transmitieron su preocupación.
Cristina viaja como presidenta Pro Témpore del Mercosur y del Grupo Regional de América Latina y el Caribe y su esposo Néstor Kirchner lo hará como flamante secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Además, la jefa de Estado tiene agendado un encuentro con empresarios en Barcelona.
Luego de haber reclamado durante años la eliminación de subsidios agrícolas a Estados Unidos y Europa, la posición oficial argentina en la cumbre parece contradecir a Moreno.
"La Argentina persigue que esta Cumbre contribuya a reforzar la asociación estratégica birregional, intensificando el diálogo político, fortaleciendo las relaciones comerciales, económicas y financieras; la coordinación con otros procesos regionales y ámbitos fundamentales relacionados con los desafíos globales (migración, cambio climático, etc.), y la adaptación y adecuación de los programas de cooperación", se señaló oficialmente.
Al igual que en el Comercio con Venezuela, canalizado a través del Ministerio de Planificación Federal y marginalmente por la Cancillería la cuestión de las barreras comerciales a la
importación excede el carril diplomático.
Moreno ya había puesto en aprietos a los funcionarios que deben poner la cara en las relaciones internacionales, principalmente ante Rusia, por una medida inversa: la prohibición a la exportación de cortes de carne para regular su precio interno.
El secretario de Relaciones Económicas de la Cancillería Alfredo Chiaradía, habitual espada discursiva oficial para justificar el proteccionismo nacional viajó a Madrid pero se llamó a silencio, lo mismo que el canciller Jorge Taiana.
Sin embargo, en la delegación argentina saben que la estadía en Europa no será del todo placentera: "Esto complica, nos va a obligar a aclarar algunas cuestiones", asumió un funcionario con despacho cercano a un ministro.
Cristina deberá explicar en España la traba a las importaciones
La medida surgió en la antesala del viaje presidencial a la Cumbre de la Unión Europea y el Caribe, que se desarrollará desde el lunes en Madrid. En el marco de esa cumbre está previsto el relanzamiento del acuerdo de "libre comercio" entre la Unión Europea y Mercosur, que si se da será el convenio de asociación más importante del mundo.
