La Cámara Federal Civil y Comercial autorizó a las empresas de televisión por cable a aumentar las tarifas que le cobran a sus clientes.
Con este fallo, la Cámara decidió que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que es un organismo bajo la dependencia del Poder Ejecutivo, no tiene atribuciones para dictar medidas cautelares contra las empresas.
Según publica el diario La Nación, el tribunal consideró que el Gobierno se basó en simples informaciones periodísticas y no probó en forma adecuada que las empresas de cable hayan incurrido en prácticas colusivas para disponer un aumento concertado de precios.
A partir del último trimestre de 2009, en fechas escalonadas, las prestadoras de TV por cable dispusieron aumentos de precios de distinto porcentaje y las cámaras del sector se hicieron eco de esas decisiones. El Gobierno imaginó una maniobra de cartelización y colusión para fijar precios.
Por eso, dos resoluciones de la CNDC, las número 8 y 10, ambas de este año, ordenaron a las firmas DirecTV, Telecentro, Cablevisión, Supercanal, Red Intercable y a los socios de la Asociación de Televisión por Cable (ATVC) y de la Cámara de Cableoperadores Independientes (CCI) que retrotrajeran los precios a los que cobraban en noviembre y que devolvieran los aumentos que habían percibido de los usuarios.
Varias prestadoras, entre ellas Cablevisión, DirecTV y Supercanal, iniciaron sendas demandas judiciales.
El fallo de la cámara fue dictado en la causa promovida por Cablevisión: la empresa deberá efectuar un depósito (contracautela) de $ 3,3 millones y podrá aumentar el precio del abono, pero si pierde el juicio, deberá devolverles el dinero a los usuarios.
Sin embargo, es previsible que el fallo, por sus argumentos contrarios a las atribuciones de la CNDC, empuje a otros muchos operadores a intentar lograr pronunciamientos similares.
El tribunal de apelaciones, con la firma de los camaristas Ricardo Guarinoni y Graciela Medina (Alfredo Silverio Gusmán votó en disidencia), sostuvo que el Gobierno no probó que las empresas prestadoras hayan concertado el aumento de los abonos; afirmó que Cablevisión acreditó que el aumento del abono está justificado por la suba de costos y por la inflación, y afirmó que la CNDC no puede dictar medidas cautelares contra particulares, sino que, a lo sumo, puede pedirlo a un juez, para que tome esa decisión.
El sistema de defensa de la competencia actúa montado sobre varios ejes, en forma irregular e incompleta: la ley de defensa de la competencia, la CNDC y la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno. Luego de casi diez años, el Congreso aún no creó el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, con garantías de independencia, y sus funciones las ejerce Moreno.
Hace veinte días, la Justicia, en otro caso urticante, la venta de Telecom, había dado una señal de alerta sobre las deficiencias y los abusos del sistema.
La Justicia autorizó la suba en la tarifa del cable
La Cámara Federal Civil y Comercial falló en contra del Poder Ejecutivo al considerar que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tiene atribuciones para dictar medidas cautelares contra las empresas operadoras de cable.