La Corte Suprema de Justicia deberá decidir si le corresponde o no expedirse respecto a la constitucionalidad de la estatización de los fondos que estaban en las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
En caso de que los jueces determinen si el tema es de su incumbencia deberán expedirse respecto de si fue constitucional o no el acto por el cual el Gobierno tomó los ahorros previsionales de quienes en su momento habían optado por el régimen de capitalización, que fue eliminado por una ley.
La demanda de inconstitucionalidad fue planteada por Pablo Ariel Rossi, que había reclamado la devolución de los montos provenientes de sus aportes jubilatorios obligatorios, que en diciembre de 2008 fueron transferidos a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El abogado patrocinante, Federico Bossi, explicó que ayer presentó un recurso de queja ante la Corte, luego de que la Sala III de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social rechazó un recurso extraordinario para que el tema se elevara a ese tribunal superior.
Según afirmó Bossi, ahora la Corte, "luego de definir si el recurso extraordinario estuvo bien o mal rechazado, deberá resolver si la apropiación que efectuó el Estado es constitucional o no, lo cual es un tema de suma importancia para definir la existencia o no de seguridad jurídica". El abogado sostuvo que, si no se le da lugar al reclamo, se acudirá a una instancia internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA)".
Ante ese organismo ya hay quejas por la falta de pago en tiempo y forma de los juicios que los jubilados le ganan a la Anses, cuando demandan por el mal cálculo o la falta de ajuste de los haberes. Tal como se informó ayer, en 2009 hubo un récord de juicios contra el Estado, con 103.643 causas iniciadas por los jubilados.
El traspaso de todos los ahorros desde las AFJP a la Anses se produjo en diciembre de 2008. Poco más de un mes antes, el Gobierno había anunciado, sorpresivamente, su decisión de eliminar el sistema de capitalización: el objetivo lo logró en el Congreso, donde se aprobó una ley casi sin debate. Uno de los principales argumentos del entonces director ejecutivo de la Anses y actual ministro de Economía, Amado Boudou, fue la pérdida de valor que, por la crisis internacional, sufrían entonces los activos en los que estaban colocados los fondos.
Desde su estatización, sin embargo, los recursos que habían sido invertidos por las AFJP tuvieron una recuperación de su valor superior al 40 por ciento.
La decisión política generó algunas presentaciones judiciales. Hasta ahora, los recursos en los que algunos demandantes lograron, tanto en primera como en segunda instancia, que se ordenara la restitución de fondos, estuvieron vinculados con los aportes voluntarios. En cambio, se avaló judicialmente el pase de los aportes obligatorios, dado que el Estado asume el compromiso de pagar en el futuro las jubilaciones.
AFJP: La Corte deberá expedirse sobre la estatización
Un particular presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad respecto al traspaso de los fondos de las AFJP al Estado. Aseguran que si la Corte decide que no es de su incumbencia el tema, presentará el reclamo ante organismos internacionales.
