En el término de los últimos cinco años, la cantidad de juicios iniciados por jubilados contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prácticamente se multiplicó por cuatro: mientras que en 2004 hubo 27.004 causas, la cifra trepó a 103.643 en 2009. Así, el año pasado -cuando los juicios se duplicaron respecto de 2008- cerró con un récord en cantidad de demandas en la última década (desde 2000), según los datos de la Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social, que muestra que, hasta 2004, el número iba cayendo, y que luego cambió la tendencia. Hoy, en todas las instancias judiciales, hay en trámite unas 230.000 demandas.
Según informa este martes el diario La Nación, los reclamos que crecieron a ritmo más acelerado fueron los referidos a un reajuste de haberes -entre los juicios de 2009, fueron más del 60% del total-: esas presentaciones se hicieron mucho más frecuentes luego de que la Corte Suprema dictaminó que los ingresos de los pasivos debieron haber subido desde enero de 2002 siguiendo un índice predeterminado.
Fue en aquel mes cuando, tras la salida de la convertibilidad, la inflación comenzó a hacer visibles sus efectos en un deterioro del valor de los ingresos. Los gobiernos optaron por elevar sucesivamente la jubilación mínima y por no actualizar, en cambio, los haberes de muchos pasivos que cobraban más que ese básico. En algunos casos, los ingresos quedaron congelados hasta 2004, y en otros, hasta 2006.
Según La Nación, una razón por la cual se reactivaron los juicios en 2005 fue que ese año la Corte dictó el fallo Sánchez, en el que dispuso un índice de actualización de haberes para el período de 1991 a 1995 (la convertibilidad había intentado frenar esas subas). El incremento de las causas tomó un ritmo más dinámico después de que, a fines de 2007, los jueces resolvieron, en el caso Badaro, que a las jubilaciones se les debía aplicar una suba en función del alza de los salarios, por el período de 2002 a 2006 (la mejora acumulada da un 88,5%). Para 2007 y 2008, años en que hubo subas de haberes generalizados, la Corte nada dispuso. Y desde 2009 rige la ley de movilidad -que prevé ajustes periódicos y automáticos- que la Justicia le ordenó dictar a los poderes Ejecutivo y Legislativo.