Además de asignar partidas del Presupuesto 2011 para desarrollar el plan Argentina Conectada, el Gobierno utilizará también dinero recaudado por las compañías del sector para desembarcar en el negocio de las telecomunicaciones a través de la TV digital oficial de alta definición, la construcción de una red de fibra óptica para llevar Internet de banda ancha gratis a todo el país, instalación de antenas y centros informáticos y realizar un aporte de capital para convertir a ArSat en una proveedora mayorista telco.
Si bien el plan lanzado por la presidenta Cristina Fernández en octubre pasado engloba una cifra total de $ 8.000 millones durante los próximos tres años, alrededor de $ 2.600 a $ 3.000 millones provendrán del denominado Servicio Universal (SU), una especie de cargo creado en 2000 por el gobierno de Fernando De la Rúa tras establecer la apertura del mercado de las telecomunicaciones hasta ese momento controlado en exclusividad por Telefónica y Telecom.
Como parte del proceso de apertura, se estableció que ambas operadoras debían aportar el 1% de su facturación anual a un fondo que tenía como objetivo llevar el servicio de telefonía e Internet a las zonas más alejadas y de menores recursos del país como contrapartida por haber gozado de una década de exclusividad por el servicio, luego de la privatización de Entel. Este fondo debería haberse conformado efectivamente desde el 1º de enero de 2001, lo cual nunca ocurrió.
La semana pasada, la Secretaría de Comunicaciones (Secom) publicó en el Boletín Oficial dos resoluciones (147 y 148) en las cuales especificó el destino de los fondos y la obligación de las empresas del sector de depositar el 1% de sus ingresos en un fondo fiduciario. Lo recaudado será destinado al desarrollo del servicio de telecomunicaciones oficial que el Gobierno fomenta para llevar telefonía, Internet y TV por cable a los sectores de menores recursos. Los recursos también se usarán para proveer conectividad a los establecimientos escolares de gestión estatal y subsidiar a las llamadas bibliotecas populares.
A partir de estas resoluciones, tanto Telefónica y Telecom, como el resto de los actores de la industria de las telecomunicaciones deberán aportar lo recaudado por el SU en la cuenta del Fondo Fiduciario del Servicio Universal abierta en el Banco Nación.
Si bien desde su creación las compañías comenzaron a separar ese dinero que le cobran a sus usuarios, el uso del SU no había sido reglamentado por el Estado y por consiguiente su utilización era nula. De hecho, en 2006 las operadoras se vieron en la obligación de reintegrar lo recaudado a los usuarios. Pero dos años después, el kirchnerismo reglamentó nuevamente el SU y creó el fondo fiduciario. Esta decisión generó un conflicto con las telefónicas, que rechazaron la medida y la consideraron ilegal. Luego de idas y vueltas, el Gobierno negoció con las operadoras y decidió perdonarles los aportes correspondientes al período 2000-2007.
uego, en 2008, se fijó un nuevo reglamento para el Servicio Universal y se aprobó la creación de un Fondo Fiduciario para que las compañías del sector transfirieran los fondos acumulados.
Se prevé que los cerca de $ 3.000 millones que aportarán las empresas a través del SU se usarán en 2011, año de elecciones, entre ellas la presidencial. Y en el Gobierno quieren llegar a octubre del año próximo con más del 80% del plan ya concretado. Pensando en esa hipótesis, el kirchnerismo tendrá dos mecanismos de fondeo: como no hay presupuesto, serán partidas especiales, y el dinero del SU. En el primer caso, serán $ 3.500 millones que se sumarán a los $ 3.000 millones de las telcos. La necesidad de dinero por parte del Gobierno responde a que deberá aportar $ 2.000 millones para la transformación de ArSat en un operador mayorista de telecomunicaciones; otros $ 1.500 millones para apuntalar y completar el ‘Plan Nacional de Telecomunicación Argentina Conectada’.
También habrá partidas para instalar 150 centros de informática públicos y levantar 47 antenas de TV digital abierta. Se espera además que el Ministerio de Planificación Federal acelere la entrega de conversores que permitirán ver la programación oficial. La idea es distribuir 1,2 millones de conversores para mitad de 2011, aunque hasta ahora sólo se han entregado cerca de 90.000 entre la población de menores recursos de Capital Federal y el Conurbano.
La meta apunta a que el Estado pueda ofrecer servicios de televisión digital, Internet y video, y telefonía a más de 10 millones de hogares en 2015.
Fuente: Cronista comercial
Usarán fondos de las telefónicas para popularizar internet
Son $3.000 millones de lo que las empresas aportan actualmente con el pago por el Servicio Universal (SU), un cargo creado en 2000 por el gobierno de De la Rúa tras la apertura del mercado de las telecomunicaciones. En total el plan prevé inversiones públicas por $8.000 millones para extender la red de banda ancha a todo el país.
