Por Miguel Braun, para Clarín.
La AFIP se tomó el trabajo de contestar un artículo donde afirmé que casi la mitad del sueldo de un empleado en relación de dependencia se va en impuestos. Es algo en lo que insisto.
La fuente de mi afirmación es un documento del IARAF.
La AFIP cuestiona: (1) que los aportes patronales no los paga el trabajador, y por lo tanto no deberían tomarse como descuento de su sueldo; (2) que los aportes a la seguridad social no son formalmente impuestos; (3) que los aportes se hacen a cambio de una jubilación futura y otros beneficios; (4) que el IVA no debería descontarse al 21% porque hay productos exentos o con alícuota más baja, y por la existencia de devoluciones a los consumos con tarjeta de débito; y (5) que un trabajador que gana $4.500 no paga impuesto a las ganancias y por lo tanto no debería descontarse en el cálculo.
Estos cuestionamientos revelan que la AFIP no distingue entre los conceptos de incidencia legal e incidencia efectiva de los impuestos, que tiene una visión burocrática del concepto de impuesto y que no se tomó el trabajo de leer el documento del IARAF sobre el cual basé mi análisis.
Afirmar que los aportes patronales no los paga el trabajador sólo es sostenible desde un punto de vista legal. El que realiza formalmente el pago es el empleador. Sin embargo, el que sufre es el trabajador. La razón es que si una empresa está dispuesta a desembolsar $4.500 en concepto de salario bruto más aportes patronales a cambio de los servicios del trabajador, también estaría dispuesto a pagarle los $4.500 en forma directa al mismo. Es decir que la existencia de las cargas patronales implica un aumento en los costos laborales que no es percibido por el trabajador. Esto es especialmente cierto para trabajadores varones, ya que numerosos estudios encuentran que la elasticidad de la oferta de trabajo masculino es muy baja.
Para el trabajador es irrelevante que los aportes previsionales no sean considerados un impuesto para la tradición legal. Es dinero que sale de su recibo de sueldo para financiar las jubilaciones actuales y, kirchnerismo mediante, otros gastos corrientes (algunos muy positivos como la Asignación Universal por Hijo, otros menos claros y menos transparentes, pero ninguno vinculado con las jubilaciones). Es cierto que recibe una promesa de jubilación futura, pero hoy más de 70% de los jubilados está cobrando la jubilación mínima sin importar lo que aportó. El beneficio futuro no se puede tachar contra el pago actual, así como la existencia del servicio de educación pública no invalida que lo financiamos pagando impuestos.
Para tranquilidad de la AFIP, encontrará en el documento del IARAF que su preocupación respecto de no tomar el IVA al 21% y de no descontar el impuesto a las ganancias fue atendida por los autores. Sería de gran valor para la ciudadanía que la AFIP elabore un estudio más detallado sobre esta temática, ya que cuenta con información desagregada que permitiría profundizar las conclusiones aquí presentadas.
Si dejamos de lado la visión burocrática de los impuestos y nos enfocamos en el impacto que éstos tienen en el bolsillo del trabajador, se mantiene la conclusión de que casi la mitad del sueldo de un empleado en relación de dependencia se va en impuestos. De los $4.500 que desembolsa una empresa para contar con los servicios de un trabajador, éste recibe aproximadamente $2.400.
Todos debemos pagar los impuestos y cumplir con la ley. Pero debemos también exigir honestidad, eficiencia y equidad en el uso de estos fondos. Después de todo, dedicamos casi media vida a sostener al Estado.