Modificarán el precio del gas en boca de pozo

El Gobierno firmará un convenio para modificar el precio de venta del gas en boca de pozo, para impedir despidos en el sector, que igual no anularán algunos aumentos superiores al 300 por ciento cuestionados por la oposición e impugnados en la Justicia.

El convenio se firmará el martes próximo en la Casa de  Gobierno entre las empresas petroleras, los gremios, los empresarios del sector y el Ministerio de Planificación Federal y las provincias petroleras.
  
El acuerdo modifica el precio de venta del gas desde "boca  de pozo", lo que repercutirá también en mayores ingresos en concepto de regalías para las provincias productoras, pero no provocará una baja en las tarifas de consumo público.
  
El preacuerdo suscripto ya en la provincia de Neuquén fija la cesión de un porcentaje del subsidio al gas que otorga la Nación a las petroleras que garanticen una mayor actividad y el no despido de trabajadores.
  
Está ultima cláusula forma parte del acuerdo de paz social que el gobierno firmó con el gremio y empresas del sector para garantizar un aumento de producción y la continuidad de los actuales puestos de trabajo.
 
También estipula que en julio las petroleras recibirán un 16 por ciento más por el gas vendido a las usinas eléctricas y que  paga Cammesa.
  
Desde este mes ls compañías cobrarán 2 pesos  por millón de BTU, con un alza mes a mes que llevará el precio a 2,60 en diciembre, lo que de punta a punta, es un ajuste del 45 por ciento.
  
Las petroleras, además, tendrán una mejora en el precio del gas que venden a las casas de familia, pero los usuarios no tendrían impacto en sus facturas.

Lo acordado implica que el Gobierno repartirá entre las compañías el 50 por ciento de lo recaudado por el Fondo Fiduciario destinado a pagar las importaciones de gas por medio de barcos o el comprado a Bolivia.
  
Ese fondo se alimenta con un polémico cargo que es el que golpeó fuerte en las facturas, y que está siendo discutido en los tribunales y jueces de distintas provincias ya lo han bloqueado.
  
Los partidos opositores presentaron un proyecto en el Congreso junto al Movimiento Nacional contra el Tarifazo, integrado por vecinos de barrios de la Ciudad de Buenos Aires y distritos del Gran Buenos Aires.
  
El proyecto impugna los aumentos al sostener que son  inconstitucionales porque no se convocó previamente a una audiencia pública y porque rigen con retroactividad cuando el consumo había sido realizado en el bimestre anterior.
  
Sostiene también que el decreto que dispuso los aumentos del gas lo denomina "cargo tarifario", que no está vinculado con los costos que componen la tarifa sino con las necesidades de importación, lo que configuraría un impuesto que debe ser autorizado por el Congreso.