El Gobierno francés aseguró hoy que la decisión de las autoridades ecuatorianas de "asumir el control" de los yacimientos explotados por la franco-británica Perenco no ayuda a atraer inversiones hacia aquel país.
Un portavoz del Ministerio de Exteriores en París explicó que "la decisión de las autoridades de Quito no sirve para atraer las inversiones extranjeras a Ecuador ni para crear el clima de negocios propicio al desarrollo de las relaciones económicas y comerciales que desea Francia".
"Hemos conocido la decisión de las autoridades ecuatorianas de asumir el control de los campos petrolíferos de Perenco, como consecuencia del diferendo que les enfrenta con esta compañía franco-británica", dijo el portavoz, Fréderic Désagneaux.
"Lamentamos que no hayan aplicado las mismas medidas provisionales decididas por el tribunal de arbitraje el 8 de mayo de 2009", agregó el portavoz.
El litigio, recordó la fuente, "consiste en eventuales retrasos en el pago de impuestos y fue sometido a arbitraje internacional conforme al acuerdo bilateral de 1994 sobre fomento y protección recíproca de inversiones".
El portavoz del Gobierno galo se refirió al escrito del pasado 5 de junio de la Secretaría de Estado de Comercio Exterior, dirigido al Ministerio ecuatoriano de Minas y Petróleo y manifestó que Francia desea "la reanudación del diálogo entre el grupo petrolero Perenco y las autoridades ecuatorianas".
Además, Desagneaux expresó la confianza en que se protejan "los derechos de la compañía franco-británica".
La posición de las autoridades francesas se conoce después de que el pasado sábado el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, asegurara que Perenco "ordenó parar la producción" de los campos que opera en la Amazonía de Ecuador y que los trabajadores impidieron esa suspensión.
Correa calificó de "prepotentes" a los responsables de Perenco, a quienes acusó de pretender tratar al país "como colonia".
La decisión de Perenco responde a un contencioso entre Ecuador y la compañía, por el cual la petrolera no pagó una deuda, equivalente a unos 327 millones de dólares, derivada de la aplicación de la Ley 42, que obliga a las operadoras privadas a entregar al Estado el 50 por ciento de las ganancias extraordinarias obtenidas por la venta del crudo ecuatoriano, debido a su alto precio.
El Estado ecuatoriano dispuso el embargo y posterior remate del crudo de la compañía hasta la recuperación total de la suma adeudada más los intereses.
La petrolera interpuso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) una acción contra la Ley 42, tras la cual, el centro de arbitraje dispuso suspender una acción coactiva iniciada por la petrolera estatal Petroecuador.
Quito considera que la acción de embargo y remate es procedente, debido a que la decisión del Ciadi es posterior a la acción legal emprendida por el Estado.
La semana pasada el crudo subastado de Perenco fue adjudicado por el juzgado de coactivas a Petroecuador, única oferente en el remate del 3 de julio.
Ecuador espanta a los posibles inversores europeos
Funcionarios y empresarios franceses afirman que "la decisión de las autoridades de Quito no sirve para atraer las inversiones extranjeras a Ecuador ni para crear el clima de negocios propicio al desarrollo de las relaciones económicas y comerciales que desea Francia".
