Fondos del Estado de Indiana, que invirtieron unos 42 millones de dólares en deuda del constructor, buscan bloquear la venta del fabricante en crisis, favorecida por la administración del presidente Barack Obama.
"Los jubilados y los contribuyentes de Indiana perdieron dinero a causa de decisiones sin precedentes e ilegales del gobierno federal", afirmó el republicano Richard Mourdock, secretario el Tesoro de este Estado del norte del país, que maneja las inversiones de esos fondos.
Para Chrysler, amparado en la ley de quiebras el 30 de abril, todo aplazamiento en la aprobación del plan de venta podría tener consecuencias fatales: teóricamente Fiat tiene derecho a retirarse si el acuerdo no se concreta el 15 de junio.
El más pequeño de los "big three" constructores estadounidenses espera no superar las seis semanas bajo tutela judicial –período particularmente corto para tal caso- y emerger como una empresa nueva, reducida a sus actividades más rentables.
El plan ya fue aprobado por un juez de quiebras y luego por un tribunal federal de apelaciones. Este decidió sin embargo el viernes congelar hasta este lunes a las 16h00 locales (20h00 GMT), para dar tiempo a la Suprema Corte para decidir si acoge los recursos de apelación presentados por los fondos jubilatorios de Indiana, así como por una viuda californiana y asociaciones de consumidores sobre aspectos secundarios del plan de rescate de Chrysler.
Si la Suprema Corte decide no considerar el caso, la venta a Fiat se hará efectiva, en caso contrario se iniciará un nuevo proceso cuya duración y desenlace parecen difíciles de prever y cuyo costo la administración evaluó en 100 millones de dólares por día de postergación.
El gobierno de Obama, que está muy implicado en el caso y ya otorgó 6.000 millones de dólares al constructor, expresó ante la Suprema Corte que "si la venta del nuevo Chrysler no se concreta, Chrysler será liquidado". Los demandantes recibirán en consecuencia "una parte proporcional del valor de liquidación, que será considerablemente menor" que los 2.000 millones de dólares previstos para los acreedores prioritarios.
El Tesoro destacó también que la suerte de Chrysler está ligada al interés general, con 38.000 empleos directos en juego, sin contar los de los concesionarios que podrían cerrar.
Según el Wall Street Journal, la Corte Suprema decide muy excepcionalmente aceptar apelaciones de efecto suspensivo como la buscada por los fondos de Indiana.
Pero si se dejara convencer, los demandantes podrían gozar de varias semanas e incluso meses para preparar su apelación sobre el fondo del caso.
La demanda fue presentada ante la jueza de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, que tiene facultades para tomar la decisión por sí misma o consultar al pleno de la Corte. Tiene la posibilidad de rechazar de plano la apelación o solicitar a las partes implicadas que presenten sus argumentos.
La "nueva Chrysler" que resulte del procedimiento judicial será controlada por un consorcio liderado por Fiat, con 20% del paquete accionario (35% a futuro). Los Estados estadounidense y canadiense detentarán 10% y el fondo administrado por el sindicato, 55%.
El caso es seguido con singular atención, pese a ser considerado mucho más simple que el del número uno estadounidense del sector, General Motors, que se acogió a la ley de quiebras la semana pasada.
Venta de Chrysler a Fiat, trabada por acreedores
El pase del constructor de automotores estadounidense a manos de un consorcio liderado por la automotriz italiana podría ser rápidamente aprobada o retardada indefinidamente por la Suprema Corte, luego de una apelación presentada.
