El desembarco de representantes del Estado en las empresas se amplía cada vez más, ya que ahora la Sindicatura General de la Nación designará auditores en aquellas compañías con acciones en manos de la ANSeS, en una jugada que ya puso en estado de alerta al sector privado.
En un efecto “bola de nieve” que suma día tras día cada vez mayor intervención del Estado sobre las empresas, el organismo de control del Estado nombrará representantes en todas las compañías que tenían acciones en manos de las desaparecidas AFJP.
La medida incluye a más de 20 compañías con acciones en manos de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
El argumento utilizado por la SIGEN es que deberá designar a esos funcionarios en las empresas que tienen participación estatal, debido a que su misión es proteger los intereses del erario público.
Pero, desde el sector privado, y en especial desde los bancos, existen cada vez más temores de que el Gobierno pretenda aumentar su injerencia sobre las empresas.
Si bien el organismo de control del Estado está autorizado a nombrar representantes en empresas con mayoría accionaria pública, ahora la decisión sería ampliar el radio de acción inclusive a aquellas compañías en las que la participación sea minoritaria.
Algunas de las firmas que, además de directores, tienen síndicos estatales, son Gas Natural Ban, Siderar y Minetti.
Esta decisión ya había sido anunciada con el Plan Sigen 2009: "En el marco del Nuevo Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA), la estatización de las AFJP conllevará el traspaso al Estado de un paquete accionario (...) en el capital de empresas de primera línea".
"Es por ello necesario, para la Secretaría General, coadyuvar en este proceso, actualmente en transición, a la par de la Gerencia de Supervisión de Empresas, Entidades y Sociedades", señala la SIGEN.
Algunas de las empresas con una participación menor al 4 por ciento son Central Puerto, Cresud, YPF, Tenaris, Quickfood, Alpargatas y Alto Palermo.
La Anses manda auditores a empresas privadas
Las empresas privadas están en alerta porque cada vez más auditores del Gobierno desembarcan en ellas para controlaras. Ahora es el turno de las compañías con acciones en manos de las ya absorvidas AFJP. Temen que el Gobierno amplíe sus injerencias.
