El Estado argentino controlará la comercialización de granos

controlará a partir de mayo la comercialización de cereales y oleaginosas, que hasta ahora estaba a cargo de las Bolsas de Cereales, según la reglamentación anunciada hoy por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.

La medida aspira a "garantizar la igualdad, seguridad y transparencia" de las operaciones comerciales, dijo Echegaray. Foto: NA
La medida aspira a "garantizar la igualdad, seguridad y transparencia" de las operaciones comerciales, dijo Echegaray. Foto: NA

El Estado argentino controlará a partir de mayo la comercialización de cereales y oleaginosas, que hasta ahora estaba a cargo de las Bolsas de Cereales, según la reglamentación anunciada hoy por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.

"Iniciamos este nuevo ciclo, en el que buscamos retomar las funciones indelegables del Estado que se abandonaron la década pasada, estructurando un mecanismo que garantice tanta libertad como sea posible, con la regulación necesaria, para asegurar la transparencia de la comercialización de granos", informó Echegaray en una rueda de prensa en Buenos Aires.

La medida aspira a "garantizar la igualdad, seguridad y transparencia de las operaciones comerciales entre privados, sin perjuicios ni beneficios extraordinarios para ningún actor de la cadena comercial", subrayó.

El jefe de la AFIP sostuvo que la iniciativa reducirá los costos de los productores y acopiadores porque eliminará la intermediación.

La AFIP otorgará una constancia de registración, con la cual deberá trabajar el productor y a su vez podrá actualizar los datos de los productores en función de las hectáreas explotadas y de los acopiadores en relación con su capacidad de almacenamiento.

Permitirá además realizar "cruces informáticos para ver si lo que se está vendiendo corresponde a lo registrado" y para detectar la eventual existencia de incumplimientos fiscales.

En enero pasado, se había decretado ya la gratuidad de las cartas de porte, indispensable para transportar granos desde el campo a los secaderos, acopiadores, fábricas y puertos, que hasta entonces eran otorgadas por la Federación Agraria Argentina (FAA), una de las entidades que lideró el conflicto del agro con el gobierno.