Más de una hora les llevó al intendente de Capital Víctor Fayad, junto a su cúpula de Hacienda, ponerse de acuerdo, este mediodía, con representantes de la Federación Económica de Mendoza (FEM), en relación a las deudas que la comuna exige por la exposición de marcas en la vía pública. Y, al fin y al cabo, la municipalidad admitió que hubo sobrefacturación.
Trece los empresarios locales que asistieron al encuentro en la Municipalidad de Capital, ansiosos por exponer sus casos y necesitados de respuestas concretas. Hacía un mes que habían pedido audiencia para tratar el cobro de derechos de publicidad por parte de uno de los municipios que inspecciona las calles y veredas a través de una empresa privada. Lo mismo hacen Luján de Cuyo, Las Heras, Maipú, Malargüe, General Alvear, San Rafael, San Martín y Guaymallén.
Tomaron la palabra a su turno, el titular de una empresa de camiones que debe pagar un millón de pesos por el canon en cuestión; también representantes de fábricas de helados, proveedores de carteles publicitarios, soderías, con deudas exigidas que van desde los 100 mil a los 500 mil pesos.
La explicación llegó más o menos clara por parte de Alejandro Gallego, titular de Hacienda del municipio: “No es lo mismo tener un cartel en la ciudad que no tenerlo, la marca tiene un beneficio y eso lo sabemos todos”.
Pero, finalmente, quien fuera ministro de Hacienda durante el gobierno de Julio Cobos, también reconoció que “en algunos casos hay errores en la facturación de la empresa (concesionaria de la fiscalización de la cartelería pública) que se están resolviendo en Rentas”.
La unión transitoria de empresas (UTE) Recaudo Nic ganó hace dos años una licitación y desde entonces releva en el departamento aquellos carteles que los contribuyentes no hayan declarado. Es porque una ordenanza, que data de la última dictadora militar, autoriza a las comunas pueden cobrar el derecho de publicidad.
Esa firma, dijo el intendente Víctor Fayad, obtiene a cambio el 35% de lo recaudado, más IVA.
Es habitual en Capital que los comercios declaren sus carteles y paguen por ello, como una más de las tasas comerciales. Pero el municipio encontró, con la contratación de la UTE, la forma de cobrar por las sombrillas con marcas que se exponen en las veredas, los carteles que la gente puede ver desde las vidrieras y también aquellos que llevan los camiones de reparto, entre otros.
De modo que con sus cámaras de fotos e información sobre del domicilio de las empresas en cuestión, Recaudo Nic logró abultados cálculos de deudas y determinó elevados montos para unos 500 contribuyentes.
Según Gallego, son 3.500 las firmas que ya pagan este derecho; y las inspecciones tercerizadas se centra en la “determinación de elementos publicitarios no declarados”.
El problema fue que entre aquellos no declarados estaban carteles que las empresas exponen porque existe una normativa (ya sea ley o decreto, nacional o provincial) que se los exige. Fue el caso tan reclamado por las soderías que deben presentar su nombre en sus camiones o de las tarjetas de crédito que deben figurar en los comercios para informar el medio de pago.
“La empresa no conoce todas la normativas y no tiene por qué conocerla”, justificó el responsable de Hacienda.
En este sentido, el presidente de la FEM, Adolfo Trípodi, celebró que se reconocieran los errores en la comunicación entre la comuna y las empresas.
Pero en otros casos también hubo una sobrefacturación. “El monto para las soderías es de 96 pesos anuales por camión, anda más… se les cobró de mas”, dijo Fayad a la prensa y aclaró que se eliminará el gravamen para las firmas de ese rubro que no tengan domicilio en Capital.
De aquí en más la comuna analizará los 350 reclamos administrativos que ya llegaron a la oficina de Rentas y tendrá “la última palabra” para decir cuánto debe pagar cada empresa.
Con todo, la reunión consiguió calmar algunos ánimos; pero no todos se quedaron conformes porque la normativa no va a cambiar (lo afirmó el mismo intendente) y se van a seguir exigiendo pagos por los cinco años pasados que se consideran “no prescriptos”.
Capital insiste con el gravamen a la publicidad
A partir de inspecciones de la unión de firmas Recaudo Nic el municipio exigió el pago a 500 empresas. La mayoría encontró objeciones al cobro del canon. Ahora la comuna reconoce que hubo errores de facturación. Trece empresarios asistieron al encuentro en Capital.
