Los legisladores oficialistas intentan acelerar el tratamiento del proyecto de nueva ley de arrendamientos, para conseguir su aprobación antes del recambio legislativo.
Este iniciativa, que es muy resistida por el sector agropecuario, busca cambiar la norma vigente desde hace más de 50 años.
Según los ruralistas, esto provocará el desaliento tanto en las grandes empresas como en contratistas y prestadores de servicios, lo que implicará, en definitiva, llevar sus inversiones a países limítrofes.
Es que, el proyecto oficialistas prevé una mayor presión impositiva en Ganancias.
De acuerdo a lo que publica hoy el diario La Nación, mañana el kirchnerismo intentará tratar el tema en una reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Legislación General, con objeto de elevar dictamen y pasar al recinto para votar la media sanción.
Según comentó Ernesto Ambrosetti, economista jefe de la Sociedad Rural Argentina (SRA), uno de los puntos más controvertidos es el artículo 83, que, según explicó, introduce un impuesto progresivo adicional a las ganancias de entre el 25 y el 45 por ciento. De hecho, puede llegar a ese porcentaje en el caso de alguien que arriende más de 30 unidades mínimas productivas, un parámetro de escala que se deberá fijar en cada región.
En este sentido, las alícuotas del adicional serían: cero por ciento para los contratos establecidos de hasta diez unidades económicas; 25% para los contratos de entre 10 y 20 unidades; 33% para los de entre 20 y 30, y 45% para los contratos de 30 o más unidades económicas.
Para Ambrosetti, con ese adicional, que estará a cargo del arrendatario, se corre el riesgo de que la presión impositiva total ronde el 80 por ciento, esto es, considerando ganancias más el tope del adicional para quien supere las 30 unidades económicas. Según el economista, con esta iniciativa se "destruye" el negocio agropecuario, porque "impide la búsqueda de escala y la eficiencia económica y productiva y atenta también contra los pequeños y medianos productores que buscan escala", expresó Ambrosetti. En la Argentina, se calcula que el 60% de la producción de granos se hace sobre campos alquilados.
En tanto, para Ambrosetti, en ese escenario las megaempresas podrían optar por sembrar más en los países limítrofes.
Otros actores que se verían afectados son los contratistas, prestadores de servicios agrícolas de siembra y cosecha, que en los últimos años también alquilaron campos.
La iniciativa elimina también los contratos accidentales (que se hacen por una sola vez o una cosecha). Para el especialista, esto también puede traer un efecto negativo para pequeños y medianos productores que, ante una situación de falta de capital de trabajo, en vez de salir del circuito productivo alquilan su campo por una campaña para hacerse de fondos y volver a producir en la siguiente.
Para los alquileres agrícolas, la norma mantiene un mínimo de tres años.
Por otra parte, el INTA sería el organismo encargado de fijar los precios de referencia para los contratos en las distintas zonas.
Si el precio de mercado del alquiler se ubicara por debajo de lo que fije el organismo oficial como referencia, los adicionales de Ganancias se calcularían con el precio oficial y no sobre la base del valor del mercado.
Peligran las inversiones del sector agrario
La ley de arrendamiento que impulsa el oficialismo traería serios perjuicios para el campo argentino, advierten especialistas. La alta carga impositiva que se pretende imponer haría que los inversionistas siembren en países limítrofes.
