El consenso social y político construído durante años con el objetivo de instituir un nuevo derecho a un ingreso básico, de carácter universal, para todos los niños y adolescentes de nuestro país, financiado por aquellos que tienen mayor capacidad económica, ha dado como resultado una propuesta oficial que –en la práctica- es un nuevo plan cuyo alcance y eficacia solo podrá evaluarse en el futuro.
Se trata de un nuevo plan que se agrega a los ya existentes. Que no es universal y que tiene un financiamiento absolutamente regresivo.
No es universal, porque está dirigido a los hijos de los trabajadores informales que ganan menos del salario mínimo y a los hijos de los desocupados. No se sabe en qué lugar quedan los cuentapropistas, que también tienen hijos y nadie que esté percibiendo otro plan podría incorporarse a este.
Al mismo tiempo, de acuerdo a lo establecido en el decreto, solo se pagará hasta 5 hijos, quedando claro en el texto oficial, que no se incorporarán en este programa a las madres que tienen más de 7 hijos y que hoy reciben $ 118 por cada uno.
El decreto, que tampoco es claro respecto a lo que ocurriría con los 2 millones de chicos cubiertos por el plan familia, con un valor porcentual de $700, tiene un financiamiento regresivo porque quien financia, una vez más, es la ANSES a través de los aportes y contribuciones que realizan los trabajadores y cuyo destino debería ser la recomposición de los haberes jubilatorios.
Es poco serio, en una Argentina impositivamente injusta que regala la renta petrolera y minera, plantear un esquema en el que los bajos haberes jubilatorios financian la ampliación de una cobertura social para los pibes más postergados.
El decreto propone un nuevo plan social y el gobierno, con esto, parece querer cerrar la posibilidad de instituir por ley un nuevo derecho para los niños y adolescentes de nuestro país.
Al no ser universal y al sustituirse por otros planes, el efecto de esta medida en términos de equidad y de los niveles de pobreza e indigencia serán francamente menores, máxime cuando de acuerdo a las estimaciones que manejamos, para todo hogar que este bajo la línea de indigencia se requieren $300 por pibe.
El plan no es universal y tiene un financiamiento regresivo
