El ministro de Economía, Amado Boudou, precisó hoy que el "canje pleno" de la deuda que propone el Gobierno "no superaría una carga fiscal adicional de 400 millones de dólares para 2010", y garantizó que "no va a haber ningún pago en efectivo inmediato".
El ministro señaló además: "estamos trabajando en el proyecto fino" de la operación, que involucra más de 20 mil millones de dólares en títulos públicos que están en cesación de pagos desde 2001.
Boudou destacó que el anuncio de la reapertura del canje de deuda provocó una "repercusión importante en el precio de nuestros títulos y valores".
El titular del Palacio de Hacienda se reunió durante más de dos horas con los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, para explicar los alcances del proyecto de suspensión de la "ley cerrojo", que permitirá habilitar el canje de deuda en default.
El oficialismo pretende que el martes próximo se apruebe el dictámen de Comisión, para intentar abordar el proyecto en el recinto de Diputados un día después.
Tras el encuentro con los legisladores, Boudou comentó a un grupo de periodistas que el objetivo del canje de deuda es "aprovechar lo máximo posible la ventana que se abrió en los mercados internacionales".
Y resaltó que "nuestra propuesta, ahora, tiene que ser más favorable para la Argentina que el canje realizado en 2005".
Por otra parte, el ministro volvió a criticar al FMI: sostuvo que "todos los argentinos tenemos en claro el daño que le hizo a nuestro país las políticas del Fondo en las últimas tres décadas".
Pero aclaró que en la actualidad "hay un período de cambios en el Fondo Monetario, y entonces el Gobierno no se hace el distraido, sino que se involucra en el impulso a esos cambios".
"Tenemos que lograr un FMI que no opine sobre lo que no tiene que opinar, como cuando en la década pasada nos decía que en Argentina debíamos flexibilizar el mercado laboral", enfatizó.
Boudou defendió en Diputados el canje de la deuda
El ministro de Economía explicó los detalles del canje de deuda propuesto ante el Congreso Nacional. Según el funcionario, la operatoria "no superaría una carga fiscal adicional de 400 millones de dólares para 2010", y garantizó que "no va a haber ningún pago en efectivo inmediato".