La Nación subsidió con u$s86 millones para evitar despidos

El Gobierno argentino desembolsó en lo que va de 2009 unos 86 millones de dólares para subsidiar el salario de trabajadores de 2.074 empresas "en situación de crisis" a raíz del estallido global, según los datos que dio a conocer hoy el Ministerio de Trabajo.

La gestión de Cristina Fernández de Kirchner buscó de esta manera evitar que se engrose en el país, el número de despidos registrados por los coletazos de la crisis global.

Se trata del Programa de Recuperación Productiva, con el que el Gobierno invirtió de enero a agosto de este año 326.896.050 pesos para subsidiar parte del salario de 114.898 trabajadores.

"Con la crisis, el sector precario fue el más perjudicado por la pérdida de puestos de empleo, pero otros de los más afectados fueron los vinculados a la exportación y a la construcción", explicó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

Los analistas calculan que la crisis global causó el cese o suspensión de unos 60.000 trabajadores argentinos, sobre todo de la industria automovilística, metalúrgica y la construcción.

El titular de la cartera dijo que el Ejecutivo llegó a subsidiar este año el salario de "casi 150.000 empleados, lo que representa alrededor del 1% del desempleo", que se ubicó en el 8,8 por ciento en el segundo trimestre del año, con un alza de 0,8 puntos porcentuales en relación al mismo período de 2008, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en agosto pasado.

El organismo oficial también indicó en septiembre, que el estallido financiero causó en el país la pérdida de unos 226.517 puestos de trabajo en el sector privado durante el primer semestre del año.

"Hubo un decrecimiento en la creación de puestos de trabajo a partir de la crisis. Y es evidente que no crece el empleo como crecía en los primeros años del Gobierno" del ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), reconoció Tomada.

El ministro admitió, además, que creció el empleo en negro, que antes de la crisis era del 36% y "ahora está en el 38%".

La mayoría de las compañías subsidiadas son pequeñas y medianas empresas, cuyos trabajadores obtienen del Gobierno 600 pesos mensuales, el equivalente a la mitad del salario mínimo.

Para acceder al beneficio, las firmas deben acreditar "la situación de crisis" que atraviesan, además de comprometerse a no despedir personal, indicaron en la cartera.

"En la crisis, la decisión fue que debíamos preservar los puestos de trabajo, mientras en otros países se caía el empleo y había ajuste tras ajuste", argumentó Tomada.