Con el propósito de regular la medicina privada, la presidenta Cristina Kirchner impulsa un
proyecto de ley que será tratado en el Congreso para impedir que las empresas prepagas aumenten sus cuotas sin autorización del Estado.
En caso de concretarse la aprobación de la ley, las empresas deberán remitirse a los topes que el Estado fijará para los aumentos y deberán que cumplir con limitaciones a las
restricciones y ajustes que aplican a los afiliados mayores de 65 años.
Las medidas que impondrá la nueva ley incluyen los contratos y las cuotas que pagan los 3,8 millones afiliados a las entidades prepagas en todo el territorio Nacional, por lo que las empresas deberán tener la autorización de un órgano estatal para subir el precio de sus servicios.
La decisión de la presidenta fue tomada en una reunión que mantuvo con el jefe de Gabinete, Sergio Massa, la ministra de Salud, Graciela Ocaña, el superintendente del sector, Héctor
Capacciolli y la diputada Patricia Vaca Narvaja, el miércoles en la Rosada.
El proyecto de ley está en el Congreso desde noviembre de 2006 y cuanta con dictamen favorable de la Comisión de Salud de Diputados, por lo que el oficialismo prevé que conseguirá la aprobación del Congreso.
Será la Superintendencia de Servicios de Salud -que audita a las obras sociales nacionales- y el Ministerio de Economía los encargados de regular los incrementos que las empresas quieran
aplicar al costo de las cuotas mensuales que abonan sus afiliados, según informó hoy un diario matutino.
Desde agosto las cuotas de las prepagas se incrementaron, en promedio, en un 16 por ciento y acumulan un alza del 40 por ciento en apenas 8 meses, a pesar de que el INDEC redujo el peso
de la salud privada en la canasta de consumo para que disminuya su impacto en el Índice de Precios (IPC).
Por ello, la Superintendencia deberá definir los porcentajes de aumento para los afiliados mayores de 65 años, aunque si esos afiliados cuentan con más de 10 años de antigüedad como abonados de la empresa no podrán sufrir aumentos "en razón de su edad".
Asimismo, los períodos de carencia -lapso en la que no rige determinada cobertura y en caso de embarazo de una afiliada- serán establecidos por la Superintendencia, quien también deberá dictaminar las enfermedades que serán consideradas como preexistentes.
Los contratos durarán un año como mínimo y serán renovados automáticamente, siempre y cuando el usuario no lo rescinda, aunque las prepagas podrán darlos por terminados cuando los afiliados deban tres cuotas consecutivas o hayan falseado su declaración jurada.
Si muere el afiliado titular, el grupo familiar que integra el contrato continúa con los derechos a las prestaciones, mientras que los niños -desde su nacimiento o adopción- quedan adheridos al plan del titular quedando exentos de enfermedades preexistentes y períodos de carencia.
Para aquellos que pertenecían a una prepaga por contratación grupal o corporativa y, luego de un periodo, cesaron el vínculo laboral con la empresa que realizó el contrato con la entidad
médica, deberá ser admitido en alguno de los planes de esa prepaga reconociéndose la antigüedad.
Las empresas podrán brindar planes parciales en servicios odontológicos, emergencias médicas y traslados en ambulancia e internación domiciliaria, y en caso de cierre o quiebra de la empresa, la Superintendencia transferirá la cobertura de salud de los usuarios a otras empresas.
El Estado regulará la suba de los precios de las prepagas
Cristina Kirchner impulsa un proyecto de ley que será tratado en el Congreso para impedir que las empresas prepagas aumenten sus cuotas sin autorización del Estado.Las medidas que impondrá la nueva ley incluyen los contratos y las cuotas que pagan los 3,8 millones afiliados a las entidades prepagas en todo el territorio Nacional, por lo que las empresas deberán tener la autorización de un órgano estatal para subir el precio de sus servicios.