Las decisiones del Consejo del Salario Mínimo, que preside el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, e integran dirigentes sindicales y empresarios, generalmente aportan poco al bolsillo del trabajador.
Esta vez no será la excepción en medio de una inflación que, según los analistas privados, bordea el 30 por ciento anual, dejando desactualizada, incluso, a la última ronda de paritarias.
Por eso todo indica que como ocurrió el año pasado, la pelea salarial se reavivará durante los últimos meses del año.
La resolución del Consejo implica que nadie puede ganar menos de las cifras que se deciden allí, es decir, que se trata más que nada de una cobertura legal que una mejora efectiva en las remuneraciones públicas y privadas.
Generalmente, lo que allí se determina en un sueldo mínimo que siempre va a estar por debajo de la mayoría de los básicos de convenio y solamente se benefician los trabajadores que están en la informalidad o en negro.
La decisión de elevar los actuales 980 pesos de mínimo a un monto que estaría en torno a los 1.200 pesos, implicaría una suba que se ubicará en alrededor del 30 por ciento.
Pero esta suba está por debajo de los actuales sueldo promedio que se pagan en todo el país. Según cifras del INDEC, la remuneración bruta promedio del sector privado registrado ascendió a 2.539 pesos en marzo pasado.
En las provincias, las remuneraciones más altas corresponden a la región patagónica (3.291), siendo Santa Cruz la provincia con el mayor promedio (4.216), según los últimos datos oficiales, a los que hay que agregar el impacto de paritarias.
En tanto, las provincias que componen la región NOA presentan los salarios más bajos (1.820 pesos), siendo Santiago del Estero la provincia de menor remuneración (1.708 pesos).
Es decir, en casi todos los casos superan ampliamente el sueldo mínimo vital y móvil que pueda definir el Consejo.
La medida tendría un impacto directo para no más de 250.000 trabajadores del sector formal y regularizado sobre un total de casi 12 millones de trabajadores activos.
En general, se trata de personas jóvenes, con baja calificación y poca antigüedad, que se desempeñan en empresas pequeñas.
Si podría beneficiar a trabajadores que están en negro (la informalidad llega a casi el 45 por ciento en todo el paìs), que pueden exigir no ganar menos del mínimo, pero en la mayoría de estos casos también están por encima de los básicos de convenio.
El salario mínimo protege a los trabajadores que no están en ningún convenio colectivo, como el personal del servicio doméstico, los trabajadores rurales y los empleados públicos de las administraciones provinciales o municipales.
Los sindicatos y las empresas que ya negociaron ajustes en los salarios de convenio en los primeros meses de este año acordaron subas promedio del 20 por ciento para los básicos, siguiendo las instrucciones del jefe de la CGT, Hugo Moyano, pedidas por el gobierno.
En ese nivel cerraron, por ejemplo, los camioneros y la construcción, plásticos, alimentación, judiciales, estciones de servicio, sanidad, comercio, entre otros.
En cambio, otros desoyeron al titular cegetista y ante el avance inflacionario, cerraron acuerdos por actualizaciones mas próximas al 30 por ciento como fueron los casos de los metalúrgicos, mecánicos, trabajadores de la carne, bancarios y los porteros de edificios.
En fuentes de la CGT se asegura que en el último trimestre de este año se volverá a la carga para compensar la pérdida del terreno perdido respecto a la inflación real, no la del INDEC.
Salario mínimo: una decisión más formal que efectiva
El analista Luis Di Nardo reflexiona acerca de que las decisiones del Consejo del Salario Mínimo, que preside el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, e integran dirigentes sindicales y empresarios, generalmente aportan poco al bolsillo del trabajador.