El gobierno nacional anunció que dio marcha atrás con la aplicación de la polémica resolución 125, de las retenciones móviles, aunque el decreto que lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está llena de sutilezas y plena de manifestaciones de falta de convicción y, lo que es más grave, carencia de propuestas alternativas.
En primer lugar, el decreto1176 ordena al ministro de economía “limitar” la vigencia de las normas que instrumentaron las retenciones móviles. Es decir, no deroga, no deja sin efecto, sino que solo limita, aunque no se sabe cual es el alcance de las limitaciones. En realidad, por la letra del decreto, la dejan en suspenso, aunque no es posible, por ahora, explicar los alcances de la limitación, es decir, si es parcial o total y por cuanto tiempo.
La consecuencia de la no aplicación, por ahora, de dicha resolución, hace que, como manda el mismo decreto, se apliquen las resoluciones dictadas el 7 de noviembre, que establecía retenciones máximas del 35%.
Esto plantea, desde ya, un problema que requiere un urgente tratamiento por parte del Congreso de un esquema más ordenado. Las resoluciones que ahora entran en vigencia establecían retenciones más altas para el maíz, trigo y girasol que la 125. Si el gobierno quiere estimular una mayor siembra de estos granos debería ordenar el esquema porque, sin una norma alternativa, se está estimulando una mayor plantación de soja.
El panorama se complica porque con este programa, el gobierno ya había estimulado a los productores a volcarse a la soja en detrimento de los otros granos, ya que a estos, además de las retenciones, les pone cupos de exportación, con lo cual cada vez menos querían participar en dicho negocio.
Mucho más grave será la recuperación de la producción de carnes y leche, ya que también tiene retenciones y precios máximos. Además, las compensaciones que habían logrado los pequeños productores con el parche sancionado en diputados desaparecen, lo mismo que el destino de obras públicas que se había previsto para las retenciones,
Si el ejecutivo no reacciona con velocidad, deberán ser los legisladores los que tomen la iniciativa para establecer un sistema racional y ordenado que permita asegurar el abastecimiento interno sin sacrificar la rentabilidad de los productores primarios pero ordenando el esquema. Pero deben hacerlo rápido porque en estos momentos los productores están tomando las decisiones de siembra y deben tener claras las reglas de juego.
Marcha atrás sin plan alternativo
El gobierno ordenó limitar (no derogar) la vigencia de la resolución 125, pero no abrió ninguna instancia de discusión de un esquema alternativo. El decreto presidencial es un manifiesto de defensa de la posición del gobierno, pero no se visualiza ninguna salida superadora, justo cuando los productores deben tomar las decisiones de siembra.