El gobierno nacional se apresta a anunciar un paquete de medidas destinado a poner plata en manos de trabajadores, fundamentalmente de los sectores de la clase media, con el objeto de redinamizar el mercado interno, muy golpeado entre la crisis del campo y el avance inflacionario.
La idea tiene una arista política y otra económica. Tranquilizado en parte el conflicto con el campo, el gobierno busca el objetivo político de reconciliarse con la clase media, sectores que se manifestaron fuertemente contra su política en el tema y llegaron a un fuerte cacerolazo. En el lenguaje kirchnerista, la reconciliación se consigue poniendo más plata en los bolsillos.
El objetivo económico es que esa plata se vuelque al consumo y se retome el clima de consumo que, en la visión del gobierno, podría amortiguar la caída del nivel de actividad que ya se avizora para el segundo semestre.
El plan, en principio, comprende la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias que grava a los trabajadores en relación de dependencia, que fuera creado por el ministro José Luis Machinea.
En función de lo planeado, trascendió que la suba del mínimo no imponible sería de entre el 20 y 25%, lo que llevaría a que un trabajador soltero elevaría su piso de $3.346 a $ 4.182, mientras que un trabajador casado elevaría su piso de $4.577 a $5.720. Los trabajadores pagarían el impuesto recién a partir del nuevo piso, lo que deja fuera del impuesto a un importante número de los actuales 800 mil trabajadores alcanzados.
Pero, además, habría otras medidas. En su edición de hoy, el diario El Cronista anticipa que podría modificarse, además la tablita que regla las alícuotas de los salarios superiores para el pago de este impuesto, y en este caso, traería una buena noticia para los asalariados que cobran por encima de los $ 7.000, los que verían disminuir su contribución.
Además, y según adelanta el mismo matutino, el paquete de medidas podría incluir la suba del salario mínimo, en una escala que alcanzaría los $1.100 en una primera instancia, para llegar a $ 1.200 a fin de año. Como medida adicional, pero no menos importante por el impacto monetario, el gobierno dispondría antes de fin de año un blanqueo impositivo para repatriación de capitales del exterior y se establecería la movilidad de las jubilaciones.
El paquete dirigido al impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores tendría un costo fiscal de 1.900 millones de dólares en total y hay muchas dudas acerca del verdadero impacto que estas medidas podrían generar. Hay quienes temen que el mayor gasto pueda revitalizar la inflación.
Desde otros análisis que temen que la clase media, no asediada por los ingresos, pueda dedicar el mayor ingreso al ahorro y no tanto al gasto, sobre todo porque muchos ya cubrieron las necesidades más urgentes y porque las tasas de los créditos son excesivamente caras.
Lo real, es que el paquete tendrá una fuerte repercusión en las provincias, que verán disminuida la masa coparticipable. Si bien la suma en cuestión no es significativa, para las provincias pega muy fuerte cada peso de menos que reciben, acosadas por gastos en aumento y también crecientes demandas de servicios por parte de los ciudadanos y mayores sueldos por parte de sus empleados.
La única esperanza que quedaría para los gobernadores es que toda la plata se vuelque al consumo y de esa manera les retorne una parte vía IVA o ingresos brutos. pero como ese proceso lleva mucho tiempo, el conflicto fiscal está asegurado, sumándole una nueva complicación a los gobiernos locales.
Por ahora, el efecto económico es un interrogante y el efecto político está por verse.
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El Poder Ejecutivo Nacional podría anunciar en las próximas horas un aumento del mínimo no imponible para los trabajadores en relación de dependencia. El anuncio incluiría la movilidad de las jubilaciones, una suba del salario mínimo y un blanqueo impositivo para repatriar capitales. Se apunta a reforzar el bolsillo de la clase media, golpeado por la crisis del campo y la inflación.
