Un total de 1.200.000 jubilados y pensionados se podrían beneficiar con una actualización de haberes en caso de que prospere una presentación judicial realizada por la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El ombudsman Eduardo Mondino presentó ante la Justicia una demanda contra el Estado "por omisión", en la que reclama que se fije la movilidad en todas las jubilaciones, tomando como precedente el fallo de la Corte Suprema conocido como "Caso Badaro".
El Defensor del Pueblo promovió un "proceso sumarísimo" ante la Justicia para que a los pasivos se les reconozca el "derecho a la movilidad salarial concedido por la Corte Suprema a un jubilado que sentó precedente".
El escrito presentado ante la Cámara de la Seguridad Social es para beneficiar a quienes perciben un haber que no hubiera tenido un ajuste equivalente al aumento del índice de salarios nivel general, elaborado por el INDEC.
El Defensor del Pueblo pretende extender la medida que aplicó la Corte a favor del jubilado Adolfo Badaro, a quien le reconocieron el derecho a la movilidad salarial, algo que para Mondino es omitido por el Estado en cuanto al resto de los jubilados.
Si bien Mondino dijo no oponerse a los aumentos otorgados a los jubilados y pensionados en los últimos meses, aclaró que no pueden ser considerados como equivalentes a la movilidad de los haberes.
La presentación del ombudsman fue a título colectivo por todos los integrantes de la clase pasiva que no pueden iniciar trámites ante la Justicia por distintas razones.
Mondino solicitó que se declare inconstitucional cualquier norma que no les permita a los jubilados beneficiarse con el derecho a la movilidad convalidado por la Corte.
Así se refirió a la norma dictada en 1995, la cual establece que a partir de su sanción "todas las prestaciones de los sistemas públicos de previsión de carácter nacional tendrán la movilidad que anualmente determine la Ley de Presupuesto".
"Dicha movilidad podrá ser distribuida en forma diferenciada a fin de incrementar las prestaciones mínimas. En ningún caso esta movilidad podrá consistir en una determinada proporción entre el haber de retiro y las remuneraciones de los activos", añade el artículo de la Ley que Mondino criticó.
"Este debe ser el momento de dispensar un trato adecuado a nuestros abuelos y reconocerles el derecho a percibir el haber que legalmente les corresponde", consideró el ombudsman.
"Nuestro más Alto Tribunal ha despejado toda duda respecto de la extensión y comprensión de la garantía de movilidad de las jubilaciones y pensiones", sostuvo Mondino.
Mondino dijo que "quedó expresamente aclarado que el juicio no persigue un resarcimiento patrimonial con carácter retroactivo, más sí el reconocimiento definitivo del derecho a la movilidad jubilatoria y el cese de la marginación de este universo del derecho de la seguridad social", sostuvo el ombudsman.
La presentación se hizo ante la Cámara de la Seguridad Social "con el objetivo de marcar una movilidad, basándose en el fallo del caso Badaro ", explicó Mondino.
En ese fallo, dictado en 1996, la Corte Suprema reclamó al Gobierno que envíe al Congreso un proyecto de Ley para fijar el criterio de movilidad
Tras la presentación en la Justicia, Mondino realizó una conferencia de prensa en la sede de la Defensoría del Pueblo, en la que calificó de "acción colectiva innovadora" a esta "demanda al Estado por omisión".
1,2 millones de jubilados esperan un juicio
Los pasivos se podrían beneficiar con una actualización de haberes, en caso de que prospere una presentación judicial realizada por la Defensoría del Pueblo de la Nación.
