El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió dar por finalizado el actual régimen de capitalización de jubilaciones y establecer un sistema único y de reparto para todos los trabajadores. Lo único que subsistirá es la posibilidad de que, aquellos que quieran tener un haber jubilatorio mayor, hagan aportes adicionales a las AFJP o a compañías de Seguros de Retiro.
Más allá de las motivaciones políticas e ideológicas que la presidenta transmitió con gran fuerza, quedan dudas acerca del acierto o no de la decisión propuesta al Congreso para el debate, la cual habría estado motivada por las pérdidas registradas en los fondos acumulados como consecuencia de la crisis financiera y bursátil.
La realidad es que las Administradoras sólo podían invertir en aquellos destinos que les fijaba el Estado por medio de la Superintendencia de AFJP. El mismo Estado, antes, les obligó a financiar el déficit comprando títulos públicos. Luego no pagó la deuda. Vino el canje y les hizo una quita del 40% y les dio nuevos bonos actualizados por un CER mentiroso.
Con la crisis bursátil y bancaria del año pasado, el gobierno obligó a las administradoras a traer fondos del exterior, básicamente Brasil y luego les vendió nuevos bonos. Hoy los bonos se cayeron por temor a la seguridad Argentina y el gobierno acusa a las administradoras de haber invertido mal y se apropia de los fondos, diciendo que será mejor administrador.
El problema ideológico en el medio
Tanto en su nacimiento, como ahora en su defunción, hubo fuertes componentes ideológicos, pero hay algunos aspectos que hay que analizar.
El primero, es que tiene razón el titular del Anses cuando dice que el sistema desfinanció al Estado. Por eso Cavallo recibió muchas críticas de especialistas que le decían que separara las cuentas del gasto corriente de las previsionales. Así, podría haber demostrado que en el tiempo, con una proyección técnica, el sistema sería viable.
Y hay que reconocer que los jubilados cobraban muy mal antes del nacimiento del régimen de capitalización. Por eso, la mayoría de los jóvenes adherían al nuevo sistema al ver los magros ingresos de sus mayores de parte del sistema de reparto.
A medida que el sistema marchaba aparecieron las primeras luces de alerta. Una era el alto costo de las compañías de seguros. La comisión incluía un seguro de vida y, extrañamente, el sistema presentaba alta siniestralidad, ya sea por muertes o incapacidades que generaban jubilaciones anticipadas. Esta situación hacía subir el precio de las primas incluidas en la comisión
Ante ello, el gobierno de Néstor Kirchner dispuso que se unificaran las compañías de seguros, ya que había una por cada administradora. Por razones de costo, lo llevaron a un sistema de seguro mutual que hizo bajar notablemente los costos. Por eso la comisión pasó del 30% al 10% desde 2006.
Otra luz de alerta vino por los costos para los accionistas de las administradoras. Es que el sistema preveía que las administradoras debían establecer un depósito en garantía, una especie de encaje. Pero a medida que los afiliados aumentaban y los fondos crecían, los accionistas debían aumentar sus aportes. Es decir, no tenían rentabilidad y debían seguir aportando plata.
Alegría silenciosa
Más allá de las declaraciones de algunos ejecutivos de las AFJP, lo real es que el negocio ya no les cerraba a los accionistas principales. Mucho menos cuando, con menos comisiones, debían seguir aportando para constituir el encaje.
Además, con la actual crisis, muchos debían empezar a atender otras situaciones, por lo que no sería de extrañar que, en la intimidad, varios estén respirando tranquilos con la decisión presidencial. Las deformaciones del sistema original, los defectos de fábrica que traía y la crisis, eran un incentivo más que interesante para salir de un negocio en el que nadie quería entrar.
El problema demográfico
Pero uno de los temas centrales, que no está en análisis, y debería estarlo, es qué posibilidad real tienen los sistemas, tanto estatales como privados de atender debidamente las prestaciones para que los jubilados tengan un ingreso digno.
Cuando nació el sistema de capitalización, la expectativa de vida, según cálculos actuariales, eran de 69 años para el hombre y 73 años para la mujer. Esto significaba que el haber mensual se calculaba dividiendo el total del fondo acumulado por la cantidad de meses restante entre la jubilación y lo que –se suponía- era el fin de la vida.
El problema es que hoy, la expectativa de vida aumentó y es de 73 años para los hombres y de 77 para la mujer. Los técnicos estiman que, con los avances de la ciencia y la mejor toma de conciencia de las personas sobre su cuidado personal y la tarea de prevención, dichas edades aumentarán para dentro de diez años.
De esta manera, el mismo fondo, que en 1994 debía financiar 48 meses, ahora debía servir pagar 72 cuotas, lo que supone un ingreso bastante menor. A medida que el tiempo avanzara, el problema se agravaría.
Claramente, el sistema de capitalización no podría ya, por si solo, asegurar una prestación razonable y mucho menos podría en el futuro.
Pero el sistema de reparto deberá asumir riesgos más graves. Y este es el problema demográfico del envejecimiento de la población. La pirámide poblacional cada vez se va pareciendo más a un rectángulo, porque las tasas de natalidad son cada día más bajas y las tasas de longevidad son cada vez más altas, por los mismos factores que explicamos para las AFJP.
Frente a esto, el sistema de reparto tiende, ciertamente, a ser deficitario en el tiempo.
Lo que los analistas suponen será el mayor obstáculo para la recuperación europea es, precisamente, este proceso de envejecimiento que pondrá una presión infernal sobre los presupuestos y generará déficits explosivos.
Por esta razón, la decisión de la Presidenta de que el Estado asuma toda la responsabilidad previsional es muy peligrosa y tiene una proyección futura imprevisible, hasta el momento, pero ciertamente no escapará a los que ya ocurre en el mundo. Es probable, que con tanta motivación ideológica aparente, y tanta necesidad de caja real, Argentina (no el gobierno) haya comprado una pesada hipoteca futura.
Seriamente, y sin prejuicios –como pidió Cristina Kirchner - habría que avanzar en el diseño de un sistema que complemente prestaciones públicas y privadas para obtener el objetivo que desvela a todos: que los jubilados tengan un ingreso digno cuando lleguen a la vejez para que ésta también sea digna.