Hace ya dos años desde que se firmó el Acuerdo de Ejecución inmediata de la Agenda de los Mendocinos, un documento donde las entidades gremiales empresarias vinculadas a la producción, la industria y el comercio y los representantes de los partidos políticos de la provincia, se comprometían, entre otros temas, a llevar adelante una Ley de Responsabilidad Fiscal.
En ese momento se aseguraba que frente a la crisis era “indispensable una nueva forma de hacer política que asegure que todos los mendocinos podamos conocer, debatir y participar en la construcción de un futuro común”.
Hoy, a dos años de la reglamentación de la legislación provincial, aún no se conoce un avance significativo sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Por esta razón, el CEM (Consejo Empresario Mendocino), uno de los propulsores de esta normativa, ha presentado el “Informe de Seguimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal”.
Julio Allub, presidente del CEM, afirma que el Tribunal de Cuentas tiene el poder para poner en práctica lo regulado por la ley provincial y que hoy no está cumpliendo los objetivos para los cuales fue facultado en el 2003.
“Las herramientas las tiene, y cuenta con la ley de Responsabilidad Fiscal. Hoy nosotros defendemos esta ley para que cumpla en tiempo y forma”, declaró Allub.
El documento presentado por el CEM afirma, que “las finanzas provinciales se han visto favorecidas en los últimos años por tres factores fundamentales: el crecimiento general de la economía, el de los precios y el aumento de los valores internacionales del petróleo”.
El objetivo principal de la Ley de Responsabilidad Fiscal es observar el cumplimiento de metas importantes referidas a gasto público, déficit y deuda, y detectar los desvíos cuando aún es posible corregirlos. En opinión del CEM, este objetivo no está siendo cumplido.
Allub aseguró a MDZ que este informe es un llamado de atención para corregir este problema.
Asimismo aseguran que la aplicación de la ley es fundamental, ya que en los próximos años, la estructura de gastos de la provincia y el proceso inflacionario plantean el riesgo de perder la salud fiscal.
“Entendemos que es una Ley compleja y que su implementación debe ser gradual. Sin embargo, nos alerta que su espíritu original podría estar degradándose”, asegura el informe.
Desde el CEM afirman que el gasto, el cálculo de recursos, el endeudamiento y el equilibro fiscal de la provincia no están siendo controlados por el Tribunal de Cuentas.
El fin de mandato, otra de las reglamentaciones de la Ley, debería controlarse por primera vez (ya que el de Julio Cobos es el primer período gubernamental).
Aunque sí se han controlado las metas específicas que corresponden al IPV, INV, el Instituto de Juegos y Casinos y el Fondo de Transformación, aunque no ha sucedido lo mismo con la Empresa Provincial de Transporte.
Pero incluso denuncian que el Tribunal de Cuentas no sólo no controla las metas macrofiscales, sino que se incumplen los plazos de presentación de la información.
Según lo establece la ley provincial en sus artículos 5º y 56º se debería poder consultar el cumplimiento de la misma y las cuentas de cada organismo de gobierno desde la página web del Tribunal.
Pero no es posible controlar el cumplimiento de las metas macrofiscales. Al 2 de agosto del 2007 aún no estaba publicada la información del primer trimestre.
El Consejo Empresario Mendocino, a más de dos años de la sanción de la Ley de Mendoza, informa que la única sanción aplicada se encuentra en un fallo del Tribunal de Cuentas de Mayo de 2007, por el incumplimiento de una meta del Instituto de Juegos y Casinos en 2005, dos ejercicios atrás.
“Creo que tendrían que haber sido más exigentes –afirma Allub. Todo lo que el Tribunal de Cuentas haga en tiempo y forma es información que nos sirve y que es útil para las empresas y para la sociedad”.
Historia
En agosto del 2004 surgía la Ley Nacional 25.197 de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y se establecía su reglamentación, pero no fue hasta diciembre de ese mismo año cuando Mendoza firma la adhesión y promulga la Ley Provincial 7.314, la cual en junio del 2005 fue acordado que el organismo ejecutor sería el Tribunal de Cuentas. Para agosto, la reglamentación estaba lista.
El Tribunal de Cuentas debía tratar cuatro puntos principales: Control de las metas macrofiscales; Fondo Anticíclico; Acceso a la Información y las correspondientes Sanciones.
Los firmantes de la Agenda de los Mendocinos
Este compromiso fue firmado el 11 de septiembre de 2003 por los candidatos a gobernador Guillermo Amstutz, Gustavo Gutierrez, Julio Cobos, Marcos Niven, Roberto Roitman y María Elsida Torres Malharro.
Jorge Pardal, Marita Perceval como senadores nacionales y los diputados nacionales Aldo Ostropolsky, Artura Lafalla, Elsa Correa de Pavón y Norma Pilati.
Además lo firmaron los candidatos legislativos de ese año, entre los que se encontraban Celso Jaque, Mariana Juri y Ernesto Sanz.
Los concejos, cámaras y asociaciones firmantes fueron: FEM, Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de General Alvear, Fundación Mediterránea, ASINMET, Bloque Institucional del Este, ACOVI, Cámara Argentina de la Construcción, Bolsa de Comercio de Mendoza, Cámara de Turismo de San Rafael, Cámara de Comercio de San Martin, Consejo Empresario Mendocino, Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, UCIM, Cámara de Comercio Exterior de Mendoza, Bodegas de Argentina, Centro de Bodegueros del Este y la Cámara de Comercio y Afines de Malargüe.