Los anuncios del Gobierno y el peronismo son un negociado para los responsables de la crisis vitivinícola

Cornejo y el PJ preparan un nuevo negociado para las grandes bodegas que pagarán  los trabajadores y pequeños productores vitivinícolas de Mendoza. El planteo de crear un fondo anticíclico de $4000 millones ($1000 millones anuales por 4 años) para la actividad vitivinícola financiado con endeudamiento público o redireccionamiento de partidas presupuestarias para compra de vino, uva, cupo de mosto y un bono fiscal para la importación.

Ya en la crisis de “sobre stock” del 2015 el informe de la COVIAR confirmó que los excedentes de vino se encontraban en su gran mayoría en las 20 bodegas fraccionadoras más grandes que, aprovechando los precios bajos, acopiaron gran parte de este excedente especulando con los precios de traslado y las futuras ventas en un contexto inflacionario y de devaluación de la moneda. Con las escasas cosechas de 2016-2017, producto de factores climáticos y el quebranto de cientos de pequeños productores, las grandes bodegas realizaron

un nuevo negocio. Esta vez importando más de 100 millones de litros de vino, principalmente desde Chile, que les aseguró mantener los volúmenes exportables y valores de referencia bajos que siguieron arruinando a los pequeños productores.

Estos anuncios del gobierno y el peronismo permitirán otro gran negocio para las grandes bodegas. Así lo ha expresado con claridad el presidente de Bodegas de Argentina, Walter Bressia, destacando los acuerdos logrados con los distintos gobiernos peronistas y radicales. Si el fondo se destinase en el primer año a la compra de uva a los pequeños productores, las grandes bodegas se asegurarían un valor de referencia del precio de la uva inferior o igual al año pasado hoy mucho más rentables para ellos después de la megadevaluación y más ruinosos para los pequeños productores luego de un año que superó

el 50% de inflación. Lo mismo sucedería en el caso de que el valor fuese destinado a la compra de vino para elevar los precios de los mismos. En ambos casos significaría un subsidio para que las grandes bodegas continúen concentrando la producción y cientos de pequeñas bodegas y fincas sean rematadas a precios irrisorios.

Medidas de este tipo ya se han implementado antes. El diputado Ricardo Manzur denunció ante Fiscalía de Estado al Fondo Vitivinícola Mendoza (FVM) por irregularidades durante la operatoria 2015 que perjudicaron a la provincia en al menos 40 millones de pesos.

Sin embargo, el proyecto enviado por el Ejecutivo no prevé ninguna medida para evitar que los bodegueros vuelvan a usar vinos desnaturalizados, no aptos para mostos, para cumplir con la pauta diversificadora que se supone ayudaría a resolver la crisis de sobreproducción.

Con los recientes anuncios del gobierno nacional ningún empleador pagará impuestos por empleados que cobren hasta 17.500 pesos mensuales, es decir, es una quita sobre las cargas patronales. Otros beneficios se incluyeron en el pacto fiscal firmado por la provincia con una baja progresiva de ingresos brutos que llegará a una tasa 0% en el 2020, deban lo que deban. La Industria alcanzará lo mismo en el 2022. Tomando en cuenta la proporción de lo que  ocupa el impuesto a ingresos brutos y los aportes patronales, la reducción significa una quita del 39,6% de los impuestos. Sumando la quita de retenciones y su reintegro, el esquema no puede ser más favorable a las grandes empresas y contrastante con los brutales tarifazos y cargas impositivas que recaen en la población trabajadora. Mientras que los obreros de viña cobran un inicial de $14.500.

Los U$D 25 millones anuales del fondo anti cíclico propuesto, equivalen apenas al 3,4% del valor bruto que exportaron las grandes bodegas el año pasado. ¿Por qué debería financiarse mediante el endeudamiento público que propone Cornejo o por una redistribución del presupuesto provincial como propone el kirchnerismo? Las exportaciones de vino en el 2018 fueron de U$D 821 millones, mientras que el promedio de los últimos 10 años fue de U$S

871 millones. Y como resultado de la enorme concentración producida en los últimos años, las 20 bodegas más grandes exportan el 72,5% del total, además la mayoría pertenecen a capitales internacionales. Son ellos los que deben pagar la crisis. Hay que terminar con esta fiesta de los ricos que empobrecen cada vez más a los obreros vitivinícolas y llevan a la ruina a miles de pequeños productores.

Desde el Frente de Izquierda exigimos la apertura de los libros contables de las 20 grandes bodegas que han sido responsables de maniobras especulativas de los últimos años, que lejos de estar en “crisis” protagonizan una concentración nunca vista en la historia de la vitivinicultura de Argentina. Hay que auditar todos los registros públicos y datos estadísticos para terminar con la especulación de los empresarios. Poniendo el INV bajo control de los

trabajadores y técnicos de las universidades públicas, garantizando su independencia de las patronales y sus instituciones.

También planteamos la necesidad de fijar un impuesto progresivo a estas grandes empresas que permita otorgar créditos de cosecha y acarreo a los contratistas y pequeños productores. Establecer un salario mínimo para obreros de viñas y bodegas igual a la canasta básica. Y terminar con la discriminación contra nuestros obreros de viñas, reconociendo su derecho a la Jubilación a los 57 años que continúa siendo negado por el Congreso Nacional.

Tenemos que preparar la fuerza de los trabajadores para lograr una salida de fondo frente a la crisis nacional que hoy gestiona directamente el FMI a través de Macri y con la complicidad del peronismo. Una banca nacional única permitiría otorgar préstamos para que los viñateros y contratistas puedan acceder a tractores, sistemas de riego, desmalezadoras, mallas antigranizo u otras mejoras que se requieren para mejorar la productividad. Establecer

canales de comercialización estatales para los pequeños productores para que no se vean sometidos a la tiranía de las grandes cadenas de supermercados que venden los productos a precios muy superiores de los que pagan a los productores. Estatización bajo control obrero de toda bodega que cierre o despida a sus empleados. Medidas que, sumadas a un monopolio estatal del comercio exterior, permitirían administración de los precios y las divisas para

favorecer el consumo del pueblo trabajador e ingresos que permitan a los pequeños productores sostener y mejorar su actividad.