Comienza el juicio contra los independentistas catalanes

Será mañana. Serán juzgados 12 políticos y activistas independentistas delitos graves, incluyendo rebelión, por su responsabilidad en el fallido intento de secesión catalán de 2017.

redacción mdz

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Puigdemont llamó a movilizarse contra el "juicio vergonzoso" del Tribunal Supremo.

David Zorrakino - Europa Press

El juicio oral de mayor trascendencia política de la historia reciente de España comenzará mañana en el Tribunal Supremo español, donde 12 políticos y activistas independentistas se sentarán en el banquillo acusados de delitos graves, incluyendo rebelión, por su responsabilidad en el fallido intento de secesión catalán de 2017.

Se trata de una de las causas judiciales más controvertidas de los últimos tiempos, que ha provocado una profunda división política y social, y cuyo resultado tendrá consecuencias para el futuro escenario político español, debido a que el conflicto secesionista catalán continúa activo.

El inicio del juicio llega en un momento de gran inestabilidad política para España por la incertidumbre en torno a la posibilidad de que el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anuncie elecciones anticipadas, una cuestión que no está al margen de los que sucede en los tribunales.

Sánchez, con un gobierno en minoría, se encuentra en un callejón sin salida, después de romper su diálogo con los secesionistas.

Salvo un giro de último momento, los independentistas catalanes harán fracasar su proyecto de presupuesto y abrirán las puertas al adelanto electoral pese a la posibilidad de que su caída posibilite la llegada de la derecha al poder de la mano de los ultraderechistas del partido Vox.

En este contexto preelectoral y con Vox, que ejerce de acusación popular, calificándolos de "golpistas", los secesionistas iniciarán su batalla para convencer a los jueces del Supremo de que se encuentran ante un "juicio político" por haber cumplido con la "voluntad democrática" de los catalanes que exigían un referéndum de autodeterminación.

Los 12 acusados, nueve de ellos en prisión preventiva, se enfrentan a penas conjuntas que suman 177 años de prisión y 204 años de inhabilitación absoluta, por diferentes delitos, como rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y organización criminal.

Una de las claves del proceso está en que los jueces deberán determinar si hubo violencia o no y, por lo tanto, si se cometió un delito de rebelión durante el proceso que culminó con la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017.

Esta motivó la intervención de la región y la destitución del gobierno del ex presidente Carles Puigdemont por parte del Ejecutivo español. Puigdemont, huido al extranjero, tiene una orden de captura en España por rebelión.

Los independentistas dicen que la única violencia fue la de las fuerzas de seguridad españolas que reprimieron marchas y a votantes en el referéndum secesionista de 2017 y que organizar una consulta así no es delito.

El ex vicepresidente catalán y líder del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, tiene el horizonte más complicado, ya que enfrenta un pedido de 25 años de cárcel como supuesto promotor de la rebelión.

También están acusados de rebelión o sedición la ex presidenta del parlamento catalán Carmen Forcadell -con un pedido de 17 años de cárcel-, y los dos líderes sociales del movimiento independentista, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ex presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Ómnium Cultural.

Para los demás procesados, la Fiscalía pide entre siete y 16 años.

Para sostener la acusación de rebelión, el Ministerio Público asegura que los líderes secesionistas utilizaron la violencia de forma "intimidatoria" para conseguir el "fin criminal" de que que la norteña región de Cataluña -de 7 millones de habitantes- se convirtiera en "un Estado en forma de República, independiente del Reino de España".

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